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La reivindicación llega al Tribunal Constitucional

19/03/2007

Jose Angel Carrey, como promotor del voto accesible en España, ha presentado hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, contra la sentencia de apelación desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de fecha 6 de febrero de 2007.

Carrey inició a título personal la vía judicial presentando una demanda en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona contra la resolución de la Junta Electoral de Terrassa que le denegó el voto secreto, y que fue desestimada en julio de 2005 por el juzgado.

Contra dicha resolución judicial, Carrey interpuso recurso de apelación frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que resolvió mediante sentencia desestimatoria el pasado 6 de febrero, y contra la cual ahora se ha presentado el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia de apelación argumenta que la resolución de la Junta de Terrassa fue adoptada correctamente de acuerdo con el derecho vigente y no considera inconstitucional los preceptos de la ley orgánica de régimen electoral general, al regular la fórmula de persona de confianza, acerca del cual dice textualmente, que “es proporcionada y no restringe en exceso ni hace irreconocible el contenido sustancial de ese derecho fundamental”.

Alega así mismo, que la cuestión es de cierta complejidad técnica y organizativa, extremos que desde la ACIC hemos rechazado con las propuestas de implantar el método sueco y plantillas para elecciones al Senado. La muestra de ello es que este sistema se aplica en otros países.

La demanda de amparo presentada hoy ante el TC contra esta sentencia, se fundamenta en cuatro puntos básicos.

1. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución, que se plasma en el derecho a obtener una respuesta fundada en derecho y motivada sobre todos los extremos de la petición de la demanda.

2. Vulneración del derecho al sufragio activo consagrado en el artículo 23 de la constitución.

3. Vulneración del derecho a la libertad ideológica y del derecho a la intimidad, de los artículos 16 y 18 de la constitución.

4. Vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 14 de la constitución.

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