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Emitido informe de la ponencia

10/04/2007

La ponencia de la Comisión Constitucional, elevó su informe sobre la proposición de ley para reformar la LOREG a la Comisión Constitucional el pasado 29 de marzo, informe que ha sido publicado en fecha 10 de abril en los boletines oficiales de las Cortes Generales.

La propuesta adoptada por la ponencia pasa por establecer una cláusula general que garantiza el voto secreto para el colectivo de ciegos,y a tal efecto, habilita al gobierno para que dicte un reglamento que establezca un sistema mediante el cuál se garantice el voto secreto.

El texto propuesto no modifica ni elimina el artículo 87 en el punto que establece el sistema de voto asistido por persona de confianza, sino que añade un segundo párrafo al artículo con el siguiente contenido:
“2. No obstante, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para los discapacitados visuales que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto”.

Desde la ACIC consideramos que la regulación propuesta por la ponencia resulta muy mínima para asegurar el cumplimiento de la reforma, puesto que se deja toda la regulación del sistema en manos del gobierno. Consideramos que debería incluirse una regulación más detallada en la reforma de ley, y habilitar igualmente al gobierno para que pueda desarrollar por reglamento el articulado pero solo en algunos aspectos.

EN el preámbulo de el texto de reforma se justifica este estremo de la siguiente manera:
“La regulación detallada de un procedimiento para el ejercicio del derecho de sufragio de los discapacitados visuales debe recogerse en una norma de rango reglamentario, previo informe de la Junta Electoral Central, evitando así que cada pequeña modificación técnica y mejora que desee introducirse en el mismo requiera la modificación de una Ley orgánica”.

Consideramos que esta reforma es de capital importancia puesto que desarrolla el procedimiento para el ejercicio de un derecho fundamental, que por mandato constitucional debe ser desarrollado por ley orgánica.

Si bien es cierto que el procedimiento legislativo necesario para aprobar una ley orgánica, tal y como lo perfila la Constitución española, requiere de mayorías cualificadas y de un trámite especial, complejo y largo, debido a la especialidad de la materia reservada a este tipo de norma, al habilitarse al gobierno para el desarrollo completo de toda la materia, se deja a la libre discrecionalidad de éste la elección y regulación del sistema, sin someterlo a las especiales garantías, y consensos que prevé la Constitución para regular esta materia.

Por tanto, consideramos que la reforma legislativa debería regular en la ley, los contenidos mínimos del sistema que se vaya a adoptar, por ejemplo, el método sueco, y dejar a la potestad reglamentaria del gobierno el desarrollo al detalle, de aspectos concretos, o más técnicos de su implantación.

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