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APROBADA UNA NUEVA REFORMA DE LA LEY ELECTORAL, QUE ELUDE ABORDAR LA REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE VOTO SECRETO EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES.

28/01/2011

La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de Enero, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de Régimen Electoral General, establece en su artículo único, número treinta y uno lo siguiente:

“El apartado 2 del artículo 87 queda redactado del siguiente modo:

«2. No obstante, el Gobierno, previo informe de la Junta Electoral Central, regulará un procedimiento de votación para las personas ciegas o con discapacidad visual que les permita ejercer su derecho de sufragio, garantizando el secreto del voto, que se aplicará, en todo caso, a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, a las elecciones al Parlamento Europeo y a los supuestos de referéndum.”

Así, la nueva redacción del artículo 87.2 de la LOREG.:
1. Mantiene el reconocimiento del derecho de las personas invidentes y con discapacidad visual, a disponer de un procedimiento específico que les garantice el secreto del voto en todos los procesos electorales, en los mismos términos en los que fue reconocida en 2007.
2. Concreta el mandato dado al Gobierno para regular este procedimiento, fijando unos mínimos, es decir, unos procesos electorales en que “en todo caso” este procedimiento habrá de regularse.

A nuestro juicio, esta nueva redacción, más precisa, es innecesaria, por cuanto la regulación vigente desarrollada por el Gobierno, cumple con el inciso añadido por la Ley a la anterior redacción del 87.2, y no supone ningún avance en cuanto a la garantía del Derecho, pues guarda silencio respecto a la regulación del procedimiento de voto secreto en las municipales y en el voto por correo, únicos aspectos pendientes de desarrollo.

Desde nuestro punto de vista, la aprobación de esta reforma vacía de contenido, resulta decepcionante, porque elude abordar el tema de la garantía del derecho a voto secreto en las municipales, y parece querer justificar la falta de regulación por parte del Gobierno. Algo que resulta insostenible desde el punto de vista legal, y constitucional, y que desde la ACIC., no vamos a aceptar.



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